Gimnasios advierten crisis sin precedentes y se acogen a Ley de Protección al Empleo

Un escenario sin precedentes es el que enfrentan las cadenas de gimnasios a lo largo del país. El 21 de marzo, y como medida extraordinaria ante la crisis sanitaria por Covid-19, el gobierno decretó el cierre indefinido de servicios no esenciales, como restaurantes, cines, discotecas y gimnasios.

La decisión tomó de improviso a la industria, donde varios ya habían cerrado con anterioridad las sedes deportivas de forma voluntaria, e incluso, en algunos casos tenían ubicaciones no operativas desde el estallido social.

Ese es el caso de la cadena Sportlife, que en Chile cuenta con 53 sedes y cerca de 1.000 trabajadores. El 16 de marzo tomaron la decisión de cerrar de forma preventiva para proteger la salud de sus colaboradores y clientes. De forma paralela, ese mismo día congelaron automáticamente todos los cobros de planes de sus alumnos, mientras no les brindaran el servicio. Esto los mantiene hasta el día de hoy con ingresos nulos.

“Dada la rapidez del contagio a nivel mundial, nadie estaba preparado para dejar de funcionar de un día para otro y sin un horizonte claro de cuánto tiempo más tendremos que permanecer cerrados. Esto tiene un impacto financiero terrible para nuestro rubro, porque ya veníamos golpeados del estallido social y aún teníamos sedes tan afectadas, que todavía estaban cerradas al momento de esta nueva crisis”, dice la gerente general de Sportlife, Marcela Díaz.

“La pandemia traerá consigo una crisis económica jamás vista en nuestro rubro, en la que lamentablemente habrá muchos que no podrán sobrevivir”, vaticina Díaz.

Un caso similar enfrentó Latamfit, que agrupa en Chile a las cadenas Smart Fit, O2 Fit y Orangetheory Fitness. Son 36 las sedes que cerraron el 16 de marzo, donde también congelaron el cobro a sus clientes.

El gerente de asuntos legales de Latamfit, Nicolás Calderón, dice que en un contexto donde los flujos se han ido a cero y “donde eventualmente el retorno podría ser lento y costoso también”, ha sido clave la disposición de los arrendadores de los espacios deportivos a no cobrarles mientras dure la crisis.

Los operadores más pequeños y que poseen una espalda financiera menor, son los que más temen, pues la incertidumbre respecto de cuánto podría durar el cierre podría significar su quiebra. Así lo retrata el dueño de Gimnasios El Muro, Diego Tapia, que tiene dos ubicaciones en Santiago y un personal de 25 personas.

“Estimamos que hasta mayo o junio podemos aguantar con nuestros fondos, luego de ello no seguiremos pagando al staff, tendremos que mantenernos con un gasto mínimo en lo básico, arriendos reducidos al mínimo y simplemente tendremos que esperar hasta volver a funcionar. Probablemente para esto optaremos por algún crédito de baja tasa y meses de gracia, con los créditos Covid-19 anunciados por el gobierno”.

Tapia señala que, debido a su realidad, tomaron la decisión de acogerse a la Ley de Protección al Empleo, y aplicar la suspensión de contratos para no despedir a sus trabajadores. En el caso de aquellos que laboran con boleta de honorarios les pagarán con seguridad hasta mayo -dice-, usando los ahorros de la compañía.

En el caso de Sportlife y Latamfit, si bien ambos señalaron que se acogerán a la Ley de Protección al Empleo, dijeron estar analizando y evaluando aún las diferentes alternativas que entrega.

Reapertura, el foco

Pese a que no existe claridad de cuándo podrían reabrir, las cadenas sostienen que el foco y preocupación está puesto precisamente en ese punto. Esto, porque no saben las restricciones que podría aplicar la autoridad para su funcionamiento.

Esto los ha llevado a desarrollar protocolos de higiene y sanitización que esperan presentarle pronto al gobierno. Calderón explica que están elaborando el protocolo definitivo, pero que incluye el cierre del recinto una o dos veces al día por 30 minutos para una desinfección general de los ambientes, la toma de temperatura a distancia de cada persona que quiera ingresar y limitar el ingreso al local considerando 4m2 por persona.

Díaz, por su parte, comenta que le preocupa lo que dictamine la autoridad en cuanto al límite de personas que puedan ingresar al recinto de forma simultánea y los horarios de funcionamiento.

“Por ejemplo, y como fue al principio, si nos restringen a todos por igual a un número fijo máximo de 50 personas entrenando, en vez de un aforo basado en los m2, en un gimnasio que tiene 2.500 m2 tendremos un alumno cada 50 m2, lo que hace inviable e insostenible la operación”, dice Díaz.